Viernes, 29 de enero de 2010

NACIONAL
EL GOBIERNO PROPONDRÁ QUE LOS NACIDOS A PARTIR DE 1959 DEBERÁN RETRASAR SU JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS
La medida será gradual a razón de dos meses por año a partir del 2013   |  La reforma de la Seguridad Social será estudiadá hoy por el consejo de ministros y deberá ser negociada en el marco del "pacto de Toledo" y con los agentes sociales.

El Gobierno propondrá hoy al Parlamento y a los agentes sociales retrasar la edad de jubilación de forma obligatoria a los 67 años. Así se contempla en la propuesta de reforma de la Seguridad Social que estudiará hoy el consejo de ministros y que será negociada en el marco del "pacto de Toledo" y en paralelo con los agentes sociales. Este retraso en la edad de jubilación se hará de forma gradual a partir del 2013 a razón de 2 meses adicionales cada año. Esto significa que una persona que cumpla entonces 65 años tendrá que demorar su jubilación 2 meses. Para quienes los cumplan en 2015 serán 6 meses y así sucesivamente hasta 2024, año en que la edad legal de jubilación será a los 67 años. Esto afecta a los nacidos a partir de 1959.

El cambio afectará progresivamente a los futuros pensionistas todos y fundamentalmente a "los pensionistas de pasado mañana", los que tienen un margen de 15 años para planificar su retiro. Es decir, todos los trabajadores que este año cumplen 51 años (nacidos en 1959 o más tarde) deberán pensar que se tendrán jubilar dos años después de lo previsto, a los 67 años.

Esta iniciativa supone un importante ahorro para la Seguridad Social por dos razones. La primera porque los trabajadores pagarán dos años más y tardarán dos años en cobrar las prestaciones. La segunda porque en el caso en que estos trabajadores decidan retirarse antes de esa edad (con una prejubilación) se les aplicará un coeficiente reductor en la pensión pública que les corresponda. Este coeficiente es del 8% con carácter general y del 5% en el caso de que la persona esté en paro a los 61 años y haya cotizado más de 35 años.

Por estas razones ha sido propuesta por todos los expertos, que recomiendan que se actúe en diversos frentes. Entre ellos los técnicos del Banco de España, el Círculo de Empresarios y la comisión de expertos de Unespa. CEOE había llegado a proponer el retraso hasta los 70 años.

El motivo es que las dificultades financieras de la Seguridad Social obedecen casi exclusivamente al envejecimiento de la población. Es de decir, se trata de prevenir el efecto que producirá la jubilación de los nacidos en el "baby boom" y que se hará notar entre 2024 y 2040. A partir de ese momento se incorporarán al sistema más pensionistas que trabajadores al mercado de trabajo.

A esto hay que sumar el hecho de que en España la edad real media de jubilación se sitúa en 62,5 años, muy por debajo de la edad legal de jubilación (65 años).

El segundo factor que ha pesado en esta decisión ha sido el alargamiento de la esperanza de vida. Esto ha provocado que la Seguridad Social tenga que pagar las pensiones durante más tiempo. En los últimos 35 años la esperanza de vida ha aumentado en 3,5 años (casi un mes por año). Esta evolución ha sido aún mayor en el caso de la mujer que llega a los 6 años. Esta situación nos convierte en el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida después de Japón.

El informe elaborado por el Gobierno deja claro que la reforma no obedece a la crisis económica. De hecho, la Seguridad Social ha cerrado el 2009 con un superávit de 8.501 millones, que representa el 0,8% del PIB. Esto supone una reducción del 41% en el peor año de la crisis. En las próximas semanas, y con cargo al presupuesto de 2008, el Gobierno dotará con 2.000 millones de euros el Fondo de Reserva, que alcanzará 62.000 millones, como anunció ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

La propuesta del Gobierno será debatida primero en el Pacto de Toledo. Se trata de una ponencia constituída en 1994 en el seno de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con el fin de sacar el debate de la reforma de las pensiones públicas de la refriega política. Dos años después llegó al primer consenso político y, tal como se había pactado se revisó en 2003. El problema es que las conclusiones de esta última revisión fueron muy ambiguas y poco eficaces.
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