La decisión fue adopatada el mismo día en que cientos de personas, en ocho concellos gallegos y cinco vascos, se manifestaron para apoyar a los familiares de los marineros del buque ‘Alakrana’ y pedir su liberación, tras 23 días de secuestro en Somalia.

La seguridad en los barcos que faenan en esas mismas aguas tendrá que “ser prestada por empresas privadas españolas o compañías de seguridad comunitarias que reúnan las condiciones previstas en la Ley de Seguridad Privada”, explicó De la Vega. El nuevo Decreto podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros, lo que posibilitaría que los agentes pudieran estar en los buques en quince días.

La vicepresidenta también aseguró que el Gobierno ha adoptado “todas las medidas que en el ámbito de la ley caben” y envió un “mensaje de aliento” a las familias. “Somos muy conscientes de que la tripulación, la familia y el armador están viviendo momentos muy difíciles de espera; comprendemos y compartimos su inquietud, el Gobierno trabaja todos los días con todos los medios para que regresen a casa cuanto antes”, subrayó De la Vega, al tiempo que aseguró que “la seguridad de la tripulación está garantizada”.

A VUELTAS CON LA EDAD DEL PIRATA
Por otra parte, el juez central de Menores, José Luis de Castro, decretó ayer el internamiento del presunto pirata somalí Abdu Willy, detenido tras el secuestro, en un centro de menores de régimen cerrado durante un periodo de 15 días. Al mismo tiempo, planteó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una cuestión de competencia para que aclare si es él o el juez Santiago Pedraz quien debe asumir esta causa.

La decisión, que se adoptó como medida cautelar hasta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre a quién corresponde la competencia de la causa, se produjo después de una nueva vista ante el juez central de Menores en la que compareció el supuesto corsario.

De Castro adoptó esta decisión a la espera de que la Sala de lo Penal, órgano jerárquicamente superior a los dos magistrados que se han inhibido del procedimiento, decida, previsiblemente la próxima semana, sobre la cuestión de competencia planteada por el juez de Menores y el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión de Pedraz de no asumir el procedimiento, que el juez justificó en que no tenía la “seguridad plena” de que tenga 18 años.

El joven somalí inició el pasado lunes un periplo judicial que le llevó desde la prisión de Alcalá-Meco, donde fue ingresado el pasado 13 de octubre por orden del juez Baltasar Garzón, hasta un centro de detención de menores, en el que pernoctó el martes, y un centro de internamiento cerrado, donde ha estado desde la noche del miércoles.

ATENCIÓN FUTURA AL ÍNDICO
Las familias de los secuestrados, sin embargo, prefirieren no valorar ni las declaraciones del Gobierno ni los cambios de opinión de la Justicia. La hija del patrón, Cristina Blach, portavoz de las familias gallegas, decía ayer que “no nos importa si negocian y de qué manera, lo que nos preocupa es que los marineros estén bien”.

Blach también hacía un llamamiento para que “cuando nuestros familiares vuelvan se siga peleando para que haya más seguridad en el Índico, tenemos que seguir haciendo fuerza para que no se olvide el problema de la zona y que toda la comunidad internacional ponga más interés en Somalia”.
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