Los armadores de los atuneros que faenan en Somalia ya lo habían advertido y el tiempo parece darles la razón. Pidieron que el Gobierno embarcara infantes de Marina en los barcos para evitar ataques de los piratas y el Ejecutivo sólo les ofreció una seguridad privada que, a la vista de lo sucedido la semana pasada -varios de ellos optaron por marcharse y a otros se les rescindió el contrato al entender que no estaban preparados-, no está a la altura de las circunstancias. Pero ésto no es lo peor, sino que tres meses después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, se comprometiera en el Congreso de los Diputados a financiar un 25% del coste de esta seguridad privada, todavía no se ha desembolsado ni un sólo euro. Y los problemas no se quedan ahí, ya que las armas de gran calibre, unas ametralladoras del calibre 12,70, no pueden entrar en las islas Seychelles al impedirlo las autoridades.
Apenas 60 días después de que los vigilantes de seguridad privada emprendieran su traslado a las islas Seychellles, donde los barcos atuneros tienen su base, han salido a relucir todos estos problemas. La espita de las críticas la ha abierto un grupo de estos vigilantes que han regresado a España. Los armadores reconocen que han existido altercados con algunos de ellos, «debido a situaciones de estrés y problemas familiares», y quitan importancia a la polvareda que han levantado otros, según su testimonio. Sin embargo, sí advierten que estos conflictos son consecuencia de una «selección de personal que se hizo muy deprisa». De hecho, las compañías pesqueras sólo aceptaron la oferta del Gobierno como mal menor y como única salida a una situación insostenible, ya que los tripulantes se habían negado a salir a faenar mientras continuara la ofensiva de los piratas. «Nosotros solicitamos infantes de Marina porque son auténticos profesionales», recuerdan.
Pero mientras algunos vigilantes de seguridad denuncian la situación en la que se encuentran, los armadores cumplen «religiosamente» con lo que se acordó y pagan el 50% del servicio. Sin embargo, el Gobierno no hace lo mismo. A fecha de hoy, el Ejecutivo todavía no ha dicho cómo abonará el 25% del coste al que se comprometió, al igual que hizo el Gabinete de Patxi López. Pero es que tampoco se reúne con el sector para ofrecerle una solución a un compromiso que, posiblemente, no pueda cumplir de momento.
El problema de las armas no es baladí. El Gobierno de Zapatero, en su afán por frenar las críticas del sector, llegó a cambiar la legislación para que la seguridad privada pudiera utilizar armas de guerra, pero se olvidó un detalle, que antes tenía que contar con la autorización de las islas Seychelles.
Acusación de dos arrantzales
En medio de estos problemas, sigue el proceso contra los dos piratas capturados tras secuestrar al 'Alakrana'. Al menos dos arrantzales del atunero, liberados el 17 de noviembre tras permanecer secuestrados 47 días, ejercerán la acusación particular en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional. El siguiente paso para que 'Abdu Willy' y Raageggesey se sienten en el banquillo se producirá cuando el tribunal dicte el auto de apertura de juicio oral, lo que podría acordarse en un plazo de diez días.
