La Delegación del Gobierno ha actuado conforme establece la normativa de procedimientos administrativos al tramitar expediente, tanto a la empresa privada que se encarga del mantenimiento del campo de golf como a la entidad que la contrató, tras comprobar que uno de los empleados ejercía de vigilante de seguridad sin reunir los requisitos necesarios. Lo aseguró ayer Gregorio Escobar, quien considera «lamentables» las declaraciones hechas el lunes por el presidente de la Ciudad, afirma que él sólo ha hecho cumplir la ley y sostiene que la reacción del Ejecutivo autonómico responde a una «campaña orquestada» para desprestigiar al delegado del Gobierno.
Escobar entiende que únicamente así se explica que, en lugar de ponerse en contacto con él para aclarar la situación, tanto el portavoz como el presidente del Ejecutivo hayan vuelto a pronunciarse sobre un expediente que se comenzó a tramitar hace seis meses. En cualquier caso, el delegado afirma que sería muy «absurdo» que desde la Ciudad Autónoma se lanzara la idea de que se puede abrir expediente a cualquier melillense pero no a las instituciones que los representan. Escobar, que hizo un llamamiento a la «lealtad», reconoce que está muy tranquilo porque en torno a este asunto ha intervenido en todo momento como marca la ley. Se trata, apuntó, de una actuación administrativa avalada por un secretario general «con cuarenta años de experiencia».
También sostiene Escobar que a la Delegación del Gobierno no le corresponde la resolución del procedimiento, sino su tramitación e instrucción. En este sentido, y al margen de reprochar al Ejecutivo local que utilice cualquier cuestión para buscar el enfrentamiento y para generar conflictos de forma permanente, destacó el hecho de que el expediente nace de una intervención policial y después de que los agentes elevaran el pertinente informe.
Juan José Imbroda anunció el lunes que los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma no descartan acusar al delegado del Gobierno de un presunto delito de prevaricación por su actuación en torno al caso del Campo de Golf. El presidente mantiene que, al margen de que el expediente abierto contra él es propio de un principiante desde el punto de vista legal, Gregorio Escobar ha sido desleal con la institución que representa por hacerle responsable de que la adjudicataria del mantenimiento de esas instalaciones empleara como vigilante a un trabajador no autorizado para desempeñar esas funciones. El jefe del Ejecutivo afirma que a lo largo de este procedimiento, el delegado ha hecho gala de su incompetencia y ha dejado también en evidencia su intención de «derribarle».
Legitimación
El popular sostiene que, al margen de no estar legitimado para ello, el delegado ha actuado como un ignorante al iniciar un procedimiento que correspondería emprender a la justicia. En cualquier caso, Imbroda cree que culparle de lo ocurrido sería como responsabilizar a Escobar de las heridas sufridas por quienes saltaron la valla fronteriza instalada por el Gobierno de la Nación.
