Miércoles, 16 de septiembre de 2009
NACIONAL
LA SEGURIDAD PRIVADA NI DA COBERTURA, NI DA GARANTÍAS, NI SON PROFESIONALES
Los atuneros buscan entre los grupos del Congreso apoyos para embarcar militares.
La ministra de Defensa dice que la misión desplegada en el Índico cuesta 75 millones de euros.
Los armadores de los buques atuneros que se encuentran faenando en el Océano Índico están buscado apoyos entre los grupos políticos que conforman el Congreso de los Diputados con el objetivo de poder embarcar infantes de marina en los barcos en vez de miembros de seguridad privada.
El Congreso de los Diputados acogió ayer la intervención del diputado del Grupo Vasco José Ramón Beloki, quien interpeló a la ministra de Defensa, Carme Chacón, para que explique los planes de su Gobierno para defender la flota atunera que pesca en el Índico. Asimismo, los armadores de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac) y Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) hicieron entrega de una carta de tres páginas al presidente del Gobierno español, Jose Luis Rodríguez Zapatero, instándole a que «con carácter de urgencia coordine las actuaciones de los miembros del Gobierno pertinentes para que, prioritariamente, se permita el embarque a bordo de los buques atuneros infantes de marina, tal y como están haciendo nuestros colegas franceses».
En su intervención, la ministra de Defensa señaló que la propuesta «no es posible en el ordenamiento jurídico español». «Los armadores, como cualquier sector que se dedica a una actividad privada, tienen el deber de mejorar sus medidas de autoprotección», añadió en referencia a la posibilidad de contratar seguridad privada en las embarcaciones, tal y como se dio a conocer el martes. Una medida que Chacón calificó de «imprescindible». La ministra cifró en 75 millones de euros anuales la misión que España tiene desplegada en el Índico para dar seguridad a los atuneros.
El director gerente de Anabac, Jose Ángel Angulo, aseguró que seguirán defendiendo la posibilidad de incorporar soldados a los atuneros porque «es factible, porque la seguridad privada ni da cobertura, ni da garantías, ni son profesionales, ni pueden utilizar armamento adecuado, aunque quieran cambiar la ley». Los armadores presentaron en el Congreso una serie de informes y llevaron a cabo reuniones con el PP y PNV con el objetivo de recabar apoyos de cara a la votación que se realizará el próximo martes en la Cámara baja. «Al parecer están con nosotros en este tema», dijo el director gerente de Anabac.
Mientras esto ocurría en Madrid, el PNV acusó ayer al Gobierno Vasco de «plegarse» a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo español después de que el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, se reuniera el martes con la consejera vasca de Pesca, Pilar Unzalu.
El PNV recuerda que son tres los atuneros, todos ellos de Bermeo, los que han sufrido la amenaza pirata «sin que hayan recibido una respuesta satisfactoria a las peticiones de mayor seguridad al Gobierno español».
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