Quince días después del secuestro del atunero «Alakrana» en aguas de Somalia, el Gobierno sigue sin poder liberar a los 36 tripulantes. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero guarda silencio, pero los piratas ya han puesto precio y condiciones a la libertad de los pescadores. El precio está tasado en cuatro millones de dólares, según aseguró a la agencia francesa Afp un portavoz de los piratas, que, anteriormente, habían puesto otra condición para la liberación, como es la puesta en libertad de los dos piratas que fueron capturados por los militares españoles y trasladados a España para ser juzgados por la Audiencia Nacional. A esta condición se unen dos más: que España retire sus buques de guerra de la zona y que los barcos pesqueros dejen de faenar. El secuestro, según señaló un portavoz de los piratas a Ep, podría durar siete o diez días.
Mientras los piratas siguen poniendo exigencias al Gobierno español, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, no se da por enterada y ha decidido poner tierra por medio y viajar a Bosnia. Desde el país yugoslavo, se atrevió a salirse ligeramente del guión que se ha marcado de no hablar de este secuestro, y tan sólo afirmó que «no nos consta» la petición de cuatro millones de dólares.
Con Chacón lejos de España, ayer le tocó dar la cara en el Congreso de los Diputados a la vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y a la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, que tuvieron que responder a preguntas del BNG y PP sobre la situación de inseguridad del sector pesquero en aguas del Índico. La polémica se centra ahora en saber qué hará el Gobierno ante la petición del sector de embarcar infantes de Marina en los buques o dotar a la seguridad privada del armamento necesario para hacer frente a los piratas.
PP: «Cambiemos las leyes»
El Gobierno parece que empieza a ceder a la presión y la vicepresidenta De la Vega desveló ayer en el Congreso que hoy está prevista una reunión en Defensa con los armadores, para abordar el tema de la seguridad privada y la necesidad de cambiar las leyes para embarcar infantes de Marina. Precisamente sobre esta cuestión le interpeló ayer la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que le pidió que ponga sobre la mesa «todas las soluciones posibles» y que, al Gobierno, cuando le interesa, «le bastan quince días para cambiar todo un marco regulatorio». La portavoz popular le recordó que se trata de «proteger no más de veinte barcos ¿Es eso tan difícil?»
Desde el BNG, la diputada Olaia Fernández Davila, le advirtió a De la Vega que la situación de inseguridad es «un problema de Estado».
