Martes, 10 de noviembre de 2009

TENERIFE
EL FISCAL ACUSA DE LA MUERTE DE UN MENOR A SEIS TRABAJADORES DEL ANTIGUO NIVARIA
El fiscal acusa a cinco personas de Seguridad Integral Canaria y a una educadora de Ideo de la muerte violenta del joven Philipp García Zoch, que se produjo en extrañas circunstancias en la madrugada del 12 al 13 de noviembre de 2004, en el que era centro de menores con medidas judiciales Nivaria, en La Esperanza.

Petra y Manuel, padres del joven Philipp García Zoch, que murió con 16 años en el antiguo centro de menores con medidas judiciales Nivaria, en La Esperanza, rememoran su dolor cinco años después del luctuoso hecho, sin conocer ni siquiera la fecha del juicio, que podría esclarecer un poco qué sucedió en la muerte violenta del que era su único hijo.

Philipp apareció muerto con una bolsa de plástico en la cabeza en su propia cama, a primera hora del día 13 de noviembre de 2004. La autopsia fijó el óbito entre las cero y las cuatro de la madrugada de ese día.

La investigación realizada posteriormente ha puesto de manifiesto las irregularidades que se produjeron en ese centro, tanto en el día de los hechos, como en otros momentos.

La acusación destaca "el constante acoso que sufría Philipp por parte de otros menores y también por mayores de edad empleados como vigilantes de seguridad, con la absoluta pasividad de los responsables del centro", tal y como figura en el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Destaca que el menor se encontraba en una situación "de refugio", y, a pesar de todo, fue agredido verbalmente, insultado y amenazado, sin que todavía estén claras las circunstancias de su muerte.

Asimismo, la acusación particular apunta que, dado el desarrollo de los hechos, "no se puede desterrar la participación activa de terceros, en este caso homicida, en el acto de la acreditada muerte violenta del menor".

El fiscal y la acusación particular han solicitado a la Audiencia provincial la apertura del juicio, en el que pedirán penas de cinco y seis años de prisión, respectivamente, para cinco miembros de la empresa Seguridad Integral Canaria (M. A. D. A., V. R. R., J. M. E. A., M. A. B. S. y F. L. F.) y de una educadora de Ideo (N. C. H. H.).

Asimismo, el fiscal solicita una indemnización para los padres de 60.000 euros, mientras que la acusación particular eleva esta cifra a 300.000.

Además, en el juicio se citará como testigos a tres responsables políticas, que en el momento de los hechos tenían cargos de gobierno en la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario.

Los padres tienen confianza en que el juicio ponga de manifiesto las irregularidades ya conocidas.

También se citará como testigos a personas relevantes, como agentes de la Guardia Civil que analizaron las cintas de seguridad o la que era directora del centro.
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