El Gobierno sigue sin poder conseguir su objetivo de que los barcos atuneros que faenan en el Índico puedan llevar a bordo ametralladoras del calibre 12.50 para defenderse con mayor garantías de los ataques de los piratas. Desde que ABC desvelara el 20 de diciembre de 2009 que las autoridades de las islas Seychelles, donde tienen su base los atuneros españoles, no dejan entrar estas armas de gran calibre, el Ejecutivo español ha llevado a cabo gestiones diplomáticas para intentar convencer a este pequeño país, pero no han dado ningún resultado.
El hecho de que ayer viernes llegaran a la zona 19 ametralladoras más y dos fusiles de asalto, del calibre 7.60, es cierto que ha venido a reforzar la seguridad de los barcos, que hasta ahora sólo disponían de una ametralladora en cada atunero. Sin embargo, no soluciona el problema de tener que aumentar el poder disuasorio de los miembros de la seguridad privada que se encuentran a bordo de los atuneros.
Con este armamento de mayor calibre se puede mantener más lejos a los piratas que se acercan para secuestrar los barcos.
Presión diplomática
El Gobierno, según ha podido saber ABC, tiene intención de seguir intensificando los contactos para intentar doblegar la voluntad de las autoridades de las Seychelles, cuya principal preocupación es que este armamento pueda caer en manos de alguien y atentar contra la seguridad de este pequeño país.
La inseguridad de la zona y la falta de medios para poder hacer frente con garantías a los ataques piratas es tal, que ha obligado a la flota a permanecer agrupada en el Canal de Madagascar, hasta donde no llegan estos bandidos del mar. Pero esto no es la solución al problema, ya que la pesca en esta zona, al estar todos los barcos agrupados, es mucho menor. «Estamos mal pescando», comenta un armador que faena en la zona, a la vez que reconoce que la situación económica de la zona es muy precaria, ya que a esa escasa pesca, con la consiguiente pérdida económica, se une el coste que le está suponiendo el pago de la seguridad privada. Una seguridad que todavía no está siendo costeada al 25 por ciento por el Estado. «La flota está perdiendo cantidad de dinero y estamos condicionadísimos por la piratería».
Precisamente para intentar frenar la ola de vandalismo pirata, el Consejo de Ministros aprobó ayer solicitar autorización al Congreso de los Diputados para el envío de 38 militares en la misión de la Unión Europea para adiestrar a las fuerzas de seguridad somalíes en Uganda, que comenzará el 1 de mayo.
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