Jueves, 8 de abril de 2010

GRAN CANARIA
FRENO A LA ADJUDICACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL CABILDO
Un recurso de Seguridad Integral Canaria ha paralizado la adjudicación a Serramar del concurso para la vigilancia del Cabildo de Gran Canaria y pone en una encrucijada al grupo de gobierno insular, que antes del 20 de abril debe pronunciarse a favor de una de esas dos empresas.

Sea cual sea la decisión, previsiblemente acabará en los tribunales, donde ya se enfrentan los directivos de ambas empresas por una denuncia sobre presuntas irregularidades y cobros de comisiones, un pleito que también ha salpicado a dos funcionarios del Cabildo.

El consejo de gobierno del Cabildo abordará hoy este espinoso asunto y como primera medida recuperará la competencia sobre la adjudicación del concurso, ahora en manos de la consejera de Presidencia, Encarna Galván. La decisión final, por tanto, se tomará de forma colegiada por todo el grupo de gobierno del PSOE y NC, según explicaron fuentes del ejecutivo insular.

El segundo paso será encargar un nuevo informe técnico, que debe analizar las alegaciones de Seguridad Integral Canaria contra la adjudicación provisional a Serramar y resolver las contradicciones de los dos documentos que se han utilizado hasta ahora, el dictamen del Servicio de Régimen Interior, favorable a Serramar, y el informe de los Servicios Jurídicos del propio Cabildo, que concluye que el ganador del concurso es Seguridad Integral Canaria.

Pese a esas divergencias, la mesa de contratación del Cabildo propuso la adjudicación provisional a Serramar, que se hizo efectiva el pasado 15 de marzo. Disconforme con esa decisión, Seguridad Integral presentó un recurso el 26 de marzo, que fue admitido a trámite el pasado martes por la consejera Encarna Galván y notificado ayer.

REVISIÓN. El gobierno insular "revisará otra vez todos los informes y actuará conforme a la legalidad, es decir, adjudicará el concurso a aquella empresa que más se ajuste a lo establecido en el pliego de condiciones", señalaron las fuentes consultadas, que no descartaron "dar marcha atrás" y revocar la adjudicación provisional a Serramar si así lo aconsejan los nuevos informes técnicos y jurídicos.

Al respecto, el grupo de gobierno también tendrá en cuenta las conclusiones del expediente informativo que ha abierto tras conocer una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria en la que se considera probado que dos funcionarios del Servicio de Régimen Interior, Carlos Gutiérrez y Adrián del Pino, emitieron "varios oficios contradictorios" en relación con los servicios prestados por Seguridad Integral. Dicha sentencia es consecuencia de un pleito por despido improcedente que presentó el vigilante Alexis González, y que concluyó con el juez declarando procedente el cese del contrato.
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