En una sentencia fechada el 24 de marzo, el titular del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria desestima la demanda por despido improcedente de un vigilante de Seguridad Integral, Alexis González Melián, al considerar probado que en connivencia con el coordinador de servicios de la empresa, José Ángel García Martín, falsificaron trabajos e inflaron costes mediante horas extras ficticias cargadas al Cabildo.

En octubre de 2009, la empresa de seguridad de Miguel Ángel Ramírez Alonso detectó estas irregularidades y abrió una investigación interna, al constatar que desde el propio Cabildo, los responsables del servicio de vigilancia y seguridad privada, Adrián del Pino Sánchez y Carlos Gutiérrez Cárdenas, emitieron y notificaron a la empresa varios oficios contradictorios sobre los servicios prestados.

La trama descubierta por Seguridad Integral provocó el despido por causa disciplinaria del coordinador de servicios y otros cinco vigilantes jurados. Tres de ellos admitieron haber cometido esas "faltas muy graves" por órdenes del coordinador, García Martín -ahora delegado de la nueva empresa adjudicatoria de la seguridad del Cabildo, Serramar- y repartirse el dinero de las horas extras -entre 1.000 y 1.500 euros mensuales al menos entre enero y octubre septiembre de 2009- con su superior.

Sólo el coordinador de servicios y el vigilante González Melián negaron los hechos e interpusieron sendas demandas por despido improcedente y en ambos casos presentaron ante el Juzgado como testigo al Jefe de Servicio de Régimen Interior del Cabildo, responsable del reciente informe de adjudicación a Serramar de la seguridad de la Corporación, en detrimento de Seguridad Integral.

El magistrado resalta "la extrañeza que produce en este Juzgador que el Jefe de Servicio del propio cliente de la demandada, Cabildo de Gran Canaria, se persone como testigo de la parte actora pretendiendo certificar la realización de servicios cuando, o bien estaba de baja médica, o bien estaba de vacaciones (tal como ha reconocido expresamente), lo que imposibilita conocer si estos se realizaban o no y en qué condiciones".

Un funcionario contra el interés público

El juez afea la conducta del funcionario por pretender "esclarecer verdad sobre periodos en los que no estuvo de alta y operativo, sobre servicios cuya realización no puede constatar pese a solicitar su realización y dar el visto bueno a los cuadrantes que propician la facturación a la entidad pública para la que trabaja, hechos en definitiva que de ser ciertos, que lo son, afectan de forma negativa al interés público que el testigo debe defender como responsable de la Administración perceptora de los servicios cuestionados".

El juzgador afirma que "no puede entenderse cómo los responsables del propio Cabildo, entre ellos el testigo, no procedieran a la inmediata apertura de un expediente para investigar los gravísimos hechos de forma interna tras su conocimiento, y se limite el testigo a comparecer sobre hechos que, además, se escapan cuanto menos a su percepción directa al no estar presente en los servicios[...], sin entrar a valorar, pues no resulta objeto de este procedimiento, los contradictorios comunicados del Cabildo y de sus intervenientes, Don Adrián del Pino y Don Carlos Gutiérrez".

Para el juez José Juan Ramos Campodarve, "el testimonio del testigo de la parte actora, por tanto, no merece ninguna credibilidad a este Juzgador, antes al contrario, resulta difícil de entender lo que se pretende con la comparecencia de la persona encargada de velar por los intereses del Cabildo, en los juicios de despedido de las personas despedidas por la empresa precisamente en defensa de los intereses del cliente, además de los propios".

Seguridad Integral abrirá la vía penal

A raíz de esta sentencia, Seguridad Integral Canaria ha puesto en marcha a sus servicios jurídicos para abrir la vía penal no sólo contra los vigilantes jurados y el coordinador de servicios, sino también contra los dos funcionarios del Cabildo que desde hace meses conocieron los hechos y no actuaron internamente.

El objetivo de la empresa de Miguel Ángel Ramírez es que los vigilantes despedidos devuelvan el dinero facturado de más al Cabildo de Gran Canaria y que se depuren todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias.
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